El clima de inseguridad y denuncias de una masacre contra campesinos, con saldo de al menos 15 muertos, motivó que el Ejecutivo declarara la víspera el estado de sitio en el departamento de Pando (norte).
De acuerdo con el ministro de Defensa, Walker San Miguel, la decisión de reforzar militarmente ese territorio responde a crímenes de lesa humanidad y tiene el objetivo de garantizar la vida y los intereses de sus pobladores.
Incluso las autoridades acusaron al gobernador de la región de Pando, Leopoldo Fernández, de contratar a sicarios peruanos y brasileños para amedrentar a los labriegos.
El estado de sitio, explicó San Miguel, conlleva entre otras restricciones la prohibición de portar armas de fuego, armas blancas, materiales explosivos y la circulación de más de tres personas juntas y de vehículos entre la medianoche y las 06:00 hora local.
La medida supone además la prohibición de organizar mítines, reuniones políticas y manifestaciones y la necesidad de pedir un salvoconducto a la policía para poder viajar fuera de la región.
Según el titular de gobierno, Alfredo Rada, tras enfrentamientos armados, la ciudad capital de Cobija vivió saqueos y actos vandálicos, que crearon una gran conmoción interna.La medida se adoptó luego que las fuerzas armadas bolivianas adelantaran su disposición de defender el orden y la tranquilidad ciudadana, como corresponde a su rol constitucional.
Para la sociedad boliviana, al final de esta semana se apreció una luz de esperanza cuando en La Paz, el prefecto de Tarija, Mario Cossío, iniciaba conversaciones para pacificar al país y sellar un gran pacto de reconciliación nacional.
Las diferencias entre grupos aliados al oficialismo y la oposición se agudizaron esta semana, tras la decisión del presidente Evo Morales de expulsar al embajador estadounidense en La Paz, Philip Goldberg.
Morales acusó al diplomático de conspirar contra su gobierno y financiar planes separatistas.
Por Mario Hubert Garrido
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