Reporteros sin Fronteras ha conocido, con inquietud, las estadísticas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) en relación con las intimidaciones, amenazas de muerte y abusos judiciales que llevan sufriendo los periodistas dominicanos desde el comienzo del año 2008. Desgraciadamente, las cifras, detalladas en la edición del 5 de octubre de 2008 del periódico nacional El Nuevo Diario, confirman un aumento de la violencia con los medios de comunicación, que la organización ha podido constatar por sí misma.Según el SNTP, un total de 32 periodistas han sido blanco de agresiones y amenazas mientras que otros 21 han pasado por un procedimiento judicial. Más de la mitad de los casos han ocurrido en el territorio del Distrito Nacional y en la provincia del este de Santo Domingo.
"El narcotráfico, la corrupción o los conflictos de intereses entre las diferentes actividades de una personalidad pública, representan otras tantas promesas de represalias para los profesionales de los medios que se atreven a denunciarlo. La justicia no se da tanta prisa en condenar a los agresores de un periodista como en citar a un editorialista, o al director de un programa, que tienen conflictos con las autoridades.
Por eso, hacemos un llamamiento al poder político, y a la autoridad judicial, para que saquen lo antes posible enseñanzas de la situación actual, e influyan en ella abriendo conversaciones con el SNTP y el Colegio Dominicado de Periodistas (CDP)", ha declarado Reporteros sin Fronteras.
El SNTP subraya también que el asesinato, el 7 de agosto en Santiago de los Caballeros, de Normando García, camarógrafo y productor del canal privado regional Teleunión (leer el comunicado del 8 de agosto de 2008), sigue en espera de ser aclarado.
Aunque todavía no se establecido el móvil, el drama vino a engrosar un balance que trasluce, por una parte, la persistente precariedad de la seguridad de los periodistas y, por otra, un clima de tensión entre la prensa y las autoridades, que sigue manteniéndose vivo.
Entre los periodistas inmersos en procedimientos judiciales, Alicia Ortega, productora del canal privado nacional SIN Canal 7, denunció un caso de estafa, acusando a la empresa WM Comercializadora Interamericana.
Finalmente, el 26 de septiembre de 2008, la justicia consideró inaceptable la denuncia por "injurias", "difamación" y "atentado al honor", presentada por la mencionada empresa contra la periodista, cuyas oficinas han sufrido un atentado. Sin embargo, la movilización de la prensa a favor de su compañera propició la decisión judicial.
Periodistas y ciudadanos han tenido que poner en marcha una petición ante la inercia judicial que ha seguido a la agresión del periodista y escritor independiente Vianco Martínez, el pasado 23 de agosto, llevada a cabo por dos guardaespaldas de Saymon Díaz, un industrial del espectáculo. También han tenido que intervenir los representantes de la profesión ante la multiplicación de procedimientos judiciales iniciados por el Ministro de Turismo - y empresario del sector - Félix Jiménez, entre otros contra Manuel Quiterio Cedeño, editorialista del diario nacional El Caribe.
Unos procedimientos judiciales que con frecuencia han ido precedidos de amenazas de muerte o agresiones, como ocurrió en el caso de Manuel Antonio Vega, corresponsal del periódico Listín Diario y productor de programas de televisión y radio en Hato Mayor (Este), del que un diputado y la esposa de un magistrado pretenden ahora conseguir que comparezca.
En el capítulo de las amenazas más graves, Reporteros sin Fronteras se mantiene muy atento a la suerte de Carlos Corporán, director del programa "El Sensor de la Tarde" en la emisora Sur 91.9 y corresponsal de El Nuevo Diario en San Cristobal (Sur).
El 30 de septiembre pasado, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos Domingo Porfirio Rojas Nina denunció la existencia de un plan para atentar contra el periodista, después de que hiciera algunas revelaciones sobre un asunto de narcotráfico, que podrían llevar a la acusación de la magistratura local. Carlos Corporán lleva ahora protección policial, pero la investigación sobre el origen de las amenazas no ha avanzado nada.
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